El Gobierno oficializó la vuelta de las retenciones a la soja y el maíz, con criticas del agro

Con la firma del ministro de EconomíaLuis Caputo, el Gobierno nacional dispuso que desde el 1° de julio volverán a subir las retenciones para las exportaciones de soja, maíz, sorgo y girasol, a través del decreto 439/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial. La medida, resistida por las entidades agropecuarias, implica el retorno al esquema tributario previo al decreto 38/2025, vigente desde enero pasado.

En concreto, la alícuota para la soja pasará del 26% al 33%, mientras que para el maíz y el sorgo subirá del 9,5% al 12%. También se ajustará el tributo sobre el girasol, que volverá al 7%. En contrapartida, el Gobierno decidió prorrogar hasta marzo de 2026 la baja de retenciones para el trigo y la cebada, que conservarán la alícuota reducida del 9,5%.

La norma lleva las firmas del presidenteJavier Milei, el jefe de GabineteGuillermo Francos, y Caputo. En sus fundamentos, el decreto justifica el aumento de los Derechos de Exportación (DEX) en la necesidad de “fortalecer el equilibrio fiscal” y “garantizar la eficacia de la política macroeconómica”, en el marco de la emergencia pública establecida por la Ley 27.742.

A modo de condición para mantener la alícuota reducida, los exportadores de trigo y cebada deberán liquidar al menos el 90% de las divisas en un plazo de 30 días hábiles desde la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE). El nuevo régimen duplica el plazo que regía desde enero, cuando se fijaba una ventana de apenas 15 días hábiles para ingresar los dólares.

Según fuentes oficiales, la prórroga para los cultivos invernales obedece a que la campaña 2025/2026 se encuentra en desarrollo, mientras que la soja y el maíz —cultivos de verano— ya avanzaron en gran parte de su ciclo. No obstante, la decisión se conoció en plena cosecha gruesa, lo que implica que una parte importante de la producción será alcanzada por el nuevo esquema tributario.

Durante los últimos meses, el campo había intensificado el ritmo de exportaciones. Desde la rebaja implementada en enero, se declararon 15,8 millones de toneladas de subproductos de soja, 6,5 millones de toneladas de poroto, 3,8 millones de toneladas de aceite de soja y 17,9 millones de toneladas de maíz, lo que generó un ingreso cercano a los USD 5.000 millones.

Por su parte, la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) advirtió que la suba de retenciones impactará negativamente en la competitividad del sector, mientras que Coninagro denunció “desigualdad” por el cambio abrupto en las reglas de juego. Ambas entidades coincidieron en reclamar previsibilidad y reglas claras para la inversión.

El anuncio del decreto se dio en la antesala de la tradicional Exposición Rural de Palermo, evento insignia del campo argentino, donde se espera la presencia de Milei. El regreso de las alícuotas previas alimentó las tensiones con el sector agroindustrial, que había acompañado las primeras medidas del Gobierno pero ahora exige señales concretas para sostener la producción.

Las principales entidades del agro, como la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) y Coninagro, expresaron su malestar ante la decisión del Gobierno de reponer las retenciones a productos clave de la cadena exportadora y calificaron la medida como “un retroceso en la competitividad”.

La entidad recordó que, durante la campaña electoral, Javier Milei había calificado a las retenciones como “un robo” y había prometido avanzar hacia su eliminación. “Esa definición la compartimos plenamente. El Presidente alimentó la esperanza de una eliminación definitiva de estos tributos distorsivos”, señalaron desde CARBAP.

Además, la organización rural advirtió que el sector productivo arrastra desde hace años problemas estructurales como alta carga impositiva, costos internos crecientes, falta de infraestructura y escasa financiación. Por eso, reclamaron “un camino claro hacia la eliminación total de los derechos de exportación”.

Desde Coninagro cuestionaron el cambio de rumbo del Ejecutivo y afirmaron que “la finalización de la rebaja en los DEX genera preocupación y desigualdad”, al aplicarse mientras “muchos procesos productivos siguen en curso”. En ese sentido, exigieron políticas de largo plazo que brinden “reglas claras y duraderas”.

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