El gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó un nuevo cuadro tarifario para los usuarios de las distribuidoras eléctricas EDELAP, EDEA, EDEN y EDES. La medida comenzará a regir a partir del 1° de agosto e implicará un aumento promedio del 6% en el servicio de luz, que se sumará a la suba de los precios mayoristas dispuesta a nivel nacional.
A través de la resolución N° 763 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, la Provincia oficializó la actualización que impactará en las regiones Río de la Plata, Atlántica, Norte y Sur. Además, la medida alcanzará a las cooperativas eléctricas del interior bonaerense, cuyos cuadros tarifarios se ajustan según los valores fijados para las concesionarias.
Según lo establecido en la normativa, el nuevo esquema incorpora los precios estacionales definidos por la Secretaría de Energía de la Nación y una “actualización transitoria” de los costos locales del servicio de distribución. Esta modificación forma parte del proceso de transición tarifaria prorrogado por el Gobierno nacional, en tanto no se implemente la revisión integral del sistema.
En tanto, la resolución se dictó en el marco de la Ley N° 11.769, que establece el régimen regulatorio del servicio eléctrico en la provincia de Buenos Aires. En ese contexto, el Organismo de Control de Energía Eléctrica (OCEBA) estuvo a cargo del cálculo del ajuste, el cual fue posteriormente avalado por la Subsecretaría de Energía provincial, la Asesoría General de Gobierno y la Fiscalía de Estado.
De acuerdo con la información oficial, un usuario residencial del Nivel 1 de EDELAP enfrentará un incremento del 6% en el cargo fijo, que pasará de $3.610,19 a $3.830,73. En simultáneo, el cargo variable —determinado por el nivel de consumo mensual— subirá un 4%: de $113,1993 por kWh a $117,8370.
Es preciso mencionar que el nuevo esquema tarifario se basó en los precios mayoristas establecidos por la cartera energética nacional mediante la resolución N°226/2025, que fijó los valores para el período comprendido entre el 1° de junio y el 31 de octubre. Estos montos, sumados a los costos locales de transporte y distribución, determinan la tarifa final que abonan los usuarios residenciales, comerciales e industriales.
Por su parte, el Ministerio de Infraestructura bonaerense justificó la suba en el marco de la “emergencia del sector energético” vigente a nivel nacional desde el año pasado y prorrogada por el Decreto N° 370/2025 hasta julio de 2026. En ese contexto, la cartera que encabeza Gabriel Katopodis afirmó que la actualización busca “garantizar la prestación del servicio y sostener la operación del sistema eléctrico bonaerense”, además de atender el reclamo que mantienen desde hace meses las empresas eléctricas.
Con esta decisión, la Provincia se alinea con la política de recomposición de ingresos para las distribuidoras que impulsa el Gobierno de Javier Milei, quien, desde su asunción, habilitó sucesivos aumentos en las tarifas de luz, gas y transporte público. No obstante, desde la administración de Axel Kicillof confirmaron que los beneficios destinados a los sectores vulnerables, como la tarifa social eléctrica, seguirán vigentes, aunque advirtieron que su alcance podría acotarse según los criterios de segmentación establecidos por Nación.
A comienzos de este mes, el presidente Javier Milei firmó los decretos 450 y 451/2025, que disuelven los organismos que regulaban por separado el gas y la luz, y crean un nuevo ente unificado. De esta manera, el Gobierno nacional marcó un fuerte giro en el esquema energético argentino, al suprimir el ENARGAS y el ENRE, y reemplazarlos por un único organismo: el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad.
Según detallan los decretos que llevan la firma de Milei, el nuevo ente regulador será autárquico, con independencia funcional y presupuestaria, y estará encargado de supervisar el cumplimiento de las normas del sector, sancionar a quienes incumplan, proponer al Ejecutivo políticas regulatorias, aprobar presupuestos y asesorar técnicamente.
En tanto, la Secretaría de Energía será la encargada de coordinar el traspaso desde los entes disueltos hacia el nuevo organismo. Para esto, el Presidente estableció un plazo de 180 días durante los cuales deberá garantizarse la continuidad del servicio, la reubicación del personal y la transferencia del patrimonio.
Además, los decretos modifican las leyes 15.336 y 24.065 que regulaban el funcionamiento del sistema eléctrico, y avanzan hacia una mayor desregulación. Entre otros puntos, se establece que las distribuidoras estarán obligadas a comprar la energía en el mercado a término y deberán publicar sus tarifas conforme a los costos reales del servicio.
