Un extrabajador de Laboratorios Ramallo S.A., firma vinculada a HLB Pharma e investigada por la distribución de fentanilo adulterado que ya provocó cerca de 100 muertes en el país, describió un escenario de absoluta precariedad laboral y graves irregularidades en la producción.
«Era como fabricar fentanilo en una carnicería«, resumió el hombre, que trabajó allí durante casi cinco años. Según su testimonio, la planta funcionaba sin controles reales, con maquinaria sin habilitación, condiciones insalubres y una lógica centrada únicamente en «hacer más plata, a cualquier costo».
El empleado contó que ingresó sin conocimientos en química ni microbiología, pero fue asignado a tareas críticas como producción de sueros, empaque y manejo de la caldera industrial. Por ese trabajo de riesgo cobraba unos 450 mil pesos, sin cobertura gremial ni aportes previsionales.
Incluso debía pagar de su bolsillo parte de los costos laborales: la empresa les cobraba 70 mil pesos mensuales por el transporte, y hasta tuvo que comprar válvulas y mangueras para la caldera porque temía por su seguridad.
Según su relato, en la planta se producían «lotes gemelos» de medicamentos: uno registrado y otro paralelo, sin trazabilidad ni control. «Todo era para vender más», aseguró.
Las condiciones de higiene también eran críticas: empleados trabajando en ropa interior por el calor, uso de agua de canilla sin tratamiento y presencia de partículas de vidrio, plástico y óxido en los sueros. «Era un desastre total», sostuvo.
El exempleado afirmó que ANMAT nunca realizó inspecciones serias y que una gerente de calidad firmaba los papeles «como si todo estuviera bien». Tras la clausura de la planta, más de 300 trabajadores quedaron en la calle sin indemnización ni aportes reconocidos.
«En los papeles estábamos en blanco, pero en realidad no teníamos categoría ni derechos. Fue casi como una esclavitud», denunció.
Hoy, desempleado y sin respaldo previsional, el trabajador exige responsabilidades: «Te duele saber que pacientes mueren por algo fabricado ahí adentro. No quiero plata, quiero que los responsables paguen por lo que hicieron«.
Previamente, una exempleada de la compañía aportó detalles sobre presuntas irregularidades en el funcionamiento interno de la firma y señaló posibles vínculos con autoridades regulatorias.
La mujer, que se desempeñó como analista de microbiología durante casi tres años y pidió preservar su identidad, relató en diálogo con Radio Rivadavia que en la planta se registraban graves deficiencias en los procesos de producción. Según sus declaraciones, gran parte del personal asignado a tareas críticas no contaba con formación adecuada ni con certificaciones profesionales.
«En la línea productiva había empleados sin secundario completo, e incluso algunos que no sabían leer. Sin embargo, estaban a cargo de formulaciones de medicamentos», afirmó. Además, indicó que existían prácticas sistemáticas para evadir los controles de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
«Sabíamos con anticipación qué lotes iban a ser auditados. Se contrataba personal específicamente para armar planillas y preparar documentación de respaldo. Eso permitía presentar informes que no reflejaban la realidad del proceso productivo», aseguró.
De acuerdo con su relato, la compañía producía comprimidos químicos e inyectables que, por normativa, requieren protocolos de seguridad más estrictos. Sin embargo, señaló que las auditorías oficiales no alcanzaban a verificar en profundidad las condiciones del laboratorio.
«Los registros de limpieza y controles ambientales nunca existieron de forma real. Se falseaban manualmente porque la higiene era deficiente. El personal trabajaba en condiciones inadecuadas, incluso en ropa interior durante el verano por falta de climatización», sostuvo.
También explicó que, pese a la detección de resultados positivos de contaminación en algunos análisis, esos datos no fueron informados a las autoridades ni interrumpieron la producción. «La duda siempre recaía sobre los analistas, como si se tratara de errores humanos, cuando en realidad el procedimiento no se llevaba adelante con los protocolos establecidos», afirmó.
El caso se originó a partir de la detección de un lote de fentanilo que presentaba contaminación con bacterias. El uso de esas ampollas en pacientes internados en unidades de terapia intensiva derivó en cuadros severos de neumonía, que resultaron fatales en 96 casos.
Durante la última semana, la Justicia Federal confirmó la localización de 232 ampollas faltantes del mismo lote adulterado. Los análisis posteriores verificaron que todas presentaban contaminación con las mismas bacterias que habían sido identificadas en las víctimas.
